Comunidades tomaron casa abandonada en el casco histórico de Valencia
Las autoridades de Induval evalúan la posible responsabilidad de la Gobernación en el descuido de infraestructuras de valor patrimonial
El director del Instituto del Desarrollo Urbano del Centro de Valencia (Induval), Marcos Meléndez, indicó ayer que, de comprobarse la propiedad de la gobernación de Carabobo sobre varias casas y edificaciones que han sufrido un alto grado de deterioro (ubicadas en el perímetro histórico), la administración de Henrique Salas Feo pudiera recibir una multa por daño patrimonial.
El funcionario informó al Correo del Orinoco que el domingo pasado, vecinos de la parroquia Catedral “comprobaron el abandonado de una casa ubicada en el casco. En la zona se han verificado, además, ventas e invasiones de edificaciones a cargo de “personas ajenas al centro de Valencia”.
Aseveró que la comunidad activó la ley de protección patrimonial y, “como una forma de autogobierno, decidió ese mismo día (domingo) tomar en custodia el inmueble, ubicado en la calle Libertad, entre las calles Martin Tovar y 5 de Julio”.
Detalló que la vivienda posee una arquitectura tradicional, con ladrillos de adobe. “Al parecer es de propiedad de la gobernación. A la asamblea de ciudadanos y ciudadanas de la comunidad llegaron 5 patrullas con policías de Carabobo, con la intención de desalojar a las personas de manera violenta”.
“De inmediato nos apersonamos ahí el consultor jurídico del alcalde Edgardo Parra, el comisionado de asuntos policiales del municipio y yo. Con el fin de resguardar el cumplimiento de la decisión de la asamblea de ciudadanos. Recordemos que esta es vinculante para todos los niveles de Gobierno”, relató.
Meléndez contó que los vecinos se molestaron pues consideraron que la policía de Carabobo se desplegó de forma exagerada, como si se trataba de una acción contra una banda criminal. “Muchos de los habitantes del sector nos dijeron que era la primara vez que veían a tantos uniformados azules por esas calles”.
Aclaró que de comprobarse la responsabilidad de la Gobernación frente a este caso puntual – y los otros casos- “se le aplicará una serie de medidas civiles y administrativas por permitir el decaimiento estructural de inmueble, previstas en la ley de patrimonios de la nación”.
Además, subrayó, se ratificará ante el pueblo “que el gobernador Salas Feo es enemigo del casco histórico de Valencia”. En la avenida Urdaneta, “el gobierno estadal mantiene secuestrada una edificación de tres pisos, la cual fue construida por la anterior gestión regional en procura de reubicar a los buhoneros. En el centro se contabilizan más de mil vendedores informales y muy bien pudieran caber 400 en ese espacio”, criticó Meléndez.
DECISIÓN EN ASAMBLEA
Uno de los miembros de la comunidad del casco central, Ezio Tribuiani, asumió, junto a otros vecinos, la custodia y limpieza de la casa abandonada. Indicó que ésta suma 25 años sin habitantes, por lo que se decido rescatarla.
“Aquí no venimos a invadir, sino a evitar un colapso de la infraestructura. La asamblea de ciudadanos nos aprobó comenzar aquí un desmalezamiento. Esperamos el fallo que se dé entre las autoridades de Induval y la gobernación para actuar en consecuencia. Si pertenece a la gobernación, como creemos, esta debe asumir sus responsabilidades y su respectiva multa que calculamos será millonaria”, subrayó.
Consideró que el Ejecutivo regional no le presta atención a lo histórico. “Esto es con toda intención, porque debemos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Si eliminamos nuestro pasado, eliminamos el pensamiento y la idea. Muchos, por estos lados, son terratenientes que juegan al abandono, porque hay unas cláusulas que establecen la prohibición de demoler estas casas de valor histórico. Por ello retiraron el techo de esta casa, con el objetivo de que se terminara de caer y venderla como terreno a un precio abultado”
A juicio de Manuel Parra, también miembro de la comunidad, este espacio debería convertirse en un punto cultural, donde se observen exposiciones, se ejecuten conciertos y donde la comunidad tenga un sitio de encuentro permanente.
LA GOBERNACIÓN EXAMINA EL CASO
El Correo del Orinoco consultó al representante legal de la Fundación para el Avance Social (Fundavanza), Gustavo Correa, a fin de que fijara posición al respecto. Enfatizó que no podía precisar si la casa y demás edificaciones corresponden efectivamente a la gobernación. Sostuvo que la Contraloría de la entidad determinará en los próximos días el estatus de los inmuebles.