socialismo bolivariano
Tal y como lo denunció el pasado martes el vicepresidente de la República de Venezuela, Ramón Carrizalez, la grabación difundida por la multiestatal latinoamericana de una conversación realizada entre la torre de control aeropuerto de Maiquetía y un piloto de la fuerza aérea estadounidense, comprueba que EEUU violó el espacio aéreo venezolano mediante un vuelo militar proveniente de Curazao.
Un S-3B Viking despegando desde el portaaviones USS Theodore Roosevelt
La denuncia fue reiterada el pasado martes el vicepresidente de la República de Venezuela y ministro del poder Popular para la Defensa Ramón Carrizalez. EEUU ha incursionado de manera ilegal en nuestro espacio aéreo en vuelos provenientes de Curazao, tal y como lo señaló el presidente Hugo Chávez durante su discurso en Copenhage, Dinamarca, en el que acusó al Reino de los Países Bajos (Holanda) de complicidad con el Pentágono para planificar una agresión a Venezuela. También en diciembre, el Comandante advirtió de la presencia de aviones no tripulados provenientes de Colombia avizorados en Fuerte Mara, estado Zulia.
Los gobiernos de Washington y La Haya se apresuraron en desmentir estas acciones. Sin embargo, la grabación obtenida en exclusiva por teleSUR de una conversación realizada entre la torre de control aeropuerto de Maiquetía y un piloto de la fuerza aérea estadounidense, comprueba que EEUU violó el espacio aéreo venezolano, mediante un vuelo militar proveniente de Curazao, tal y como fue anunciado por el mandatario venezolano y el ministro de Defensa.
En el material, exclusivo de teleSUR, puede escucharse cómo la Torre de Control de Maiquetía preguntó de manera reiterada reiteradamente al piloto de un vuelo no identificado cuál era el propósito de su vuelo en espacio venezolano.
“Maiquetía requiere información a usted acerca de cuál es la razón para volar dentro del espacio aéreo de Maiquetía señor”, interrogaron insistentemente las autoridades venezolanas.
Ante las preguntas, el piloto debió informar que era una aeronave militar estadounidense proveniente de Curazao, pero que supuestamente “no estaba consciente que estaba en su espacio aéreo” venezolano y admitió que no tenía permiso para incursionar en Venezuela.
El vicepresidente y ministro de Defensa venezolano, Ramón Carrizález, aseguró el martes que el Gobierno Bolivariano tenía pruebas objetivas que demuestran la violación de la soberanía por parte de un avión militar de Estados Unidos que partió de una base instalada en la isla de Curazao.
“El 17 de mayo de 2008 un avión de guerra estadounidense despegó de Curazao, violó nuestro espacio aéreo y una zona de exclusión de vuelo como lo es la Base Aérea de La Orchila; nosotros tenemos los registros de las conversaciones de la torre de control con el avión donde se le preguntó si tenían autorización para sobrevolar la zona y pidiéndole los motivos de incursión”, explicó Carrizález.
“Tenemos también las trazas de vuelo y lo ponemos a la disposición para demostrar que sí se utiliza Curazao para violar la soberanía nacional”, agregó el vicepresidente.
“Han salido (en Holanda y en Colombia) a desmentirlo, pero nosotros tenemos elementos objetivos y ciertos” de tales planes, indicó Carrizalez.
En el momento en el que se produjo el incidente, el entonces ministro de Defensa, general en Jefe Gustavo Rangel, indicó que se trató de una nave identificada como F3V Vikingo.
En esa oportunidad, el una fuente del Departamento de la Defensa estadounidense dijo que el avión Viking S-3, con base en Curazao, estaba en una misión de entrenamiento en el espacio aéreo internacional cerca de la Isla Los Roques, en Venezuela, cuando experimentó “problemas intermitentes de navegación”.La fuente oficial habló bajo la condición de mantener el anonimato debido a la sensibilidad del tema.
El S-3 es un avión subsónico, cuya velocidad aérea es más bajas que la velocidad del sonido y puede alcanzar hasta 800 km/h. La nave involucrada en el incidente, forma parte del parque aéreo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencia Sur (Joint Interagency Task Force – JIATF) con base en la Florida.
El Comando Sur (US SouthCom) luego de su parcial salida de Panamá donde controlaba la “Howard Air Force Base” firmó varios convenios con Holanda y Aruba para las bases en los aeropuertos internacionales de Hato (Curaçao) y Reina Beatrix (Aruba) que juntas establecen una FOL (Forward Operating Locations ) o Centros Operativos de Avanzada.
Según la página web del Comando Sur, la Fol de Aruba – Curazao ofrece eficacia en las operaciones de respuesta rápida en la zona que incluye la Península de la Guajira de Colombia y la región de frontera con Venezuela, así como en una gran parte de la zona de tránsito.
Hace once años,Tom Blickman investigador del Trasnational Institute, sostuvo en su artículo Bases avanzadas de los Estados Unidos en Aruba y Curazao: Un aporte a la intervención militar en Colombia, que “el establecimiento de bases avanzadas militares de los EEUU en las islas caribeñas Aruba y Curazao compromete cada vez más al Reino de Holanda con la Guerra contra las Drogas de ese país. Oficialmente, las bases servirán de apoyo al combate al narcotráfico en el Caribe, según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores Van Aartsen. El ministro sostiene que las bases no serán utilizadas para operaciones militares en la región, sin hacer mención del estrecho interrelacionamiento de los esfuerzos antidrogas de los EEUU y la lucha contra-insurgente en Colombia. El respaldo a EEUU ubica a Holanda en la posición de actor indirecto de un conflicto donde las violaciones a los derechos humanos por parte de todas las fuerzas armadas involucradas son el pan de cada día. Más en particular debe preocupar a Holanda una posible filtración de datos de inteligencia, recogidos mediante los equipos e instalaciones en Aruba y Curaçao, hacia los paramilitares, considerados como la parte más salvaje del conflicto y responsables de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos. Son notorios los vínculos de estos grupos con secciones del Ejército colombiano y no existe claridad sobre el manejo de la información por parte de los norteamericanos y oficiales colombianos”.
Esto parece dar una respuesta a quienes atribuyen las denuncias a supuestos del Gobierno bolivariano
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